Santo Domingo.- El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Virgilio Almánzar, cuestionó la política de seguridad basada en la respuesta letal contra la delincuencia y calificó como violaciones a los derechos humanos las muertes de presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
Almánzar sostuvo que el aumento de estos hechos refleja un enfoque centrado en la reacción y no en la prevención, al tiempo que cuestionó la falta de resultados visibles en las instituciones responsables de enfrentar las causas de la delincuencia en la República Dominicana.
El defensor de los derechos humanos señaló al Ministerio de Interior y Policía, al Consejo Nacional de Drogas y al Ministerio de la Juventud, entre las entidades que, a su juicio, deben fortalecer sus programas preventivos, especialmente entre los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, criticó la falta de acciones preventivas del grupo antipandillas de la Policía Nacional y consideró que la responsabilidad de enfrentar la criminalidad no debe recaer únicamente en los agentes que salen a perseguir a los presuntos delincuentes.
El titular del CDDH también cuestionó el papel del sistema judicial y pidió examinar las decisiones que permiten la puesta en libertad de personas acusadas de delitos graves. Como ejemplo, mencionó el caso de un joven conocido como “Peluche”, de 19 años, sobre quien afirmó que había sido detenido en varias ocasiones por presunta posesión ilegal de armas de fuego y por acusaciones relacionadas con muertes.
Almánzar planteó la necesidad de investigar posibles responsabilidades de jueces, fiscales, agentes policiales y abogados cuando existan indicios de actuaciones irregulares que puedan favorecer la impunidad.
En cuanto a las muertes de los denominados “29”, el dirigente sostuvo que las ejecuciones o muertes ilegítimas, de comprobarse, representan un grave daño para la sociedad y advirtió sobre sus posibles repercusiones en la imagen internacional del país.
También expresó preocupación por el impacto que las denuncias de presuntos abusos policiales podrían tener en el turismo y en la percepción de la República Dominicana en el extranjero, especialmente por la difusión de estos hechos a través de las redes sociales.
Finalmente, Almánzar llamó a retomar el enfoque de la reforma policial orientado a la proximidad y al trabajo comunitario, al considerar que la lucha contra la delincuencia debe combinar la actuación de las autoridades con la prevención, el fortalecimiento familiar, la educación y el respeto a los derechos fundamentales.
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