SANTO DOMINGO, RD.- Tras un histórico juicio de fondo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencias de 20, 15, 10 y 5 años de prisión contra un grupo de exfuncionarios acusados de corrupción administrativa y de provocar un perjuicio al Estado dominicano superior a los 4,500 millones de pesos.
Según el tribunal, los involucrados fueron hallados culpables de lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el denominado caso Coral.
En el fallo definitivo, el tribunal impuso las siguientes condenas:
Condenados a 20 años de prisión
El mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público, tras ser hallado culpable de incremento patrimonial injustificado y enriquecimiento ilícito.
La misma condena recibió el general retirado Juan Carlos Torres Robiou por los mismos cargos.
Asimismo, Rafael Núñez de Aza fue sentenciado a 20 años de prisión al ser encontrado culpable de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Condenados a 15 años de prisión
Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora Rossy”, fue condenada a 15 años de prisión y al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público, tras ser declarada culpable de incremento patrimonial ilícito.
De igual manera, Julio Camilo de los Santos Viola fue sentenciado a 15 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos.
Condenados a 10 años de prisión
Esmeralda Ortega Polanco fue condenada a 10 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos por el uso de documentos falsificados e incremento patrimonial ilícito.
José Manuel Rosario Pirón recibió una condena de 10 años de prisión y una multa equivalente a 200 salarios mínimos, tras ser encontrado culpable de desfalco contra el Estado y lavado de activos.
En tanto, Boanerges Reyes Batista fue sentenciado a 10 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos.
Condenados a 5 años de prisión
Yehudy Guzmán Alcántara fue condenado a cinco años de prisión por desfalco contra el Estado.
Alejandro Montero Cruz recibió una pena de cinco años de cárcel y el pago de una multa de 50 salarios mínimos por tenencia ilegal de armas.
Lucía de los Santos Viola fue sentenciada a cinco años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos, luego de ser hallada culpable de lavado de activos.
Por su parte, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades y aportó informaciones claves durante la investigación, fue condenado a cinco años de prisión. Sin embargo, el tribunal dispuso que la pena sea considerada como cumplida debido a las condiciones de su situación procesal.
Cabe recordar que este proceso se originó a raíz de una investigación que reveló la existencia de una estructura de corrupción que operó desde organismos militares y policiales para desviar recursos públicos y ocultar bienes obtenidos de manera ilícita. La red utilizaba instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
La operación fue puesta en marcha por la Procuraduría General de la República en noviembre de 2021.
Con esta decisión concluye una extensa etapa judicial que se prolongó por casi dos años de juicio de fondo y que constituye uno de los procesos de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en el país.
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